Morelia: “fue AMLO”, afirma una tv de Saltillo

La Jornada-Jaime Avilés
¿Contratacan los amigos de El señor de los mares?
¿Qué diferencias hay entre el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el 15 de septiembre de 2008 en Morelia? Tantas que ni hace falta nombrarlas. Vale más señalar, en cambio, las similitudes que hubo en las reacciones de George Bush y Felipe Calderón. Después de los atentados, a pesar de su origen electoral espurio, ambos aprovecharon las tragedias para llamar a las fuerzas políticas de sus respectivos países a reconocerlos como líderes únicos.
Bush redujo las libertades públicas en Estados Unidos, atacó Afganistán para instalar un gasoducto, culpó a Saddam Hussein, lo acusó de tener armas de destrucción masiva, invadió Irak y causó la muerte de más de 100 mil inocentes. Pero luego reconoció que todo era un mero pretexto para tratar de adueñarse de una de las mayores reservas de petróleo del mundo.
En México, no lo olvidemos, el Senado analiza una serie de iniciativas de reforma, enviadas por Calderón, que de ser aprobadas permitirán que empresas de Estados Unidos exploren, extraigan, exporten, almacenen y transformen nuestro petróleo. No es gratuito, entonces, que al día siguiente de las granadas en Morelia, Tony Garza, el embajador estadunidense, haya salido a los medios a condenar el acto “narcoterrorista”.
La noche del 16 de septiembre, entrevistado por Carmen Aristegui, el experto de Naciones Unidas en temas de narcotráfico, Edgardo Buscaglia, propuso que el caso Morelia fuese llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, y afirmó que “en la mitad de los estados la República la sociedad civil le paga impuestos al narcotráfico”, con lo que abonó su tesis, planteada en ocasiones anteriores, de que “la mitad de los gobiernos municipales del país” responden a los intereses de los cárteles.
¿Qué procedería, hipotéticamente, al cabo de una eventual reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la desastrosa situación de México? ¿La intervención de los cascos azules, el reforzamiento de la Iniciativa Mérida por tropas estadunidenses? No es indispensable ser Maquiavelo para entender que ante el evidente fracaso del enfoque calderonista sobre el fenómeno del narcotráfico, lo primero que se necesita es cambiar de política al respecto, y desde luego de políticos: hay que dejar de hacer aquello que favorece a las potencias extranjeras que se benefician de nuestras debilidades para apoderarse de nuestro petróleo.
A nadie sorprenden, por lo tanto, las declaraciones de prensa que Juan Camilo Mouriño dio el jueves, al reunirse con la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, donde reiteró que “el gobierno federal no tiene previsto modificar su estrategia de combate” al narcotráfico. En otras palabras, todo seguirá empeorando hasta que se consume la privatización de Pemex. Después, ya veremos.
El llamado calderonista a la “unidad” con su política y sus políticos tiene la absurda pretensión de hacernos creer que no hay más ruta que la suya. El que durante la campaña se ofreció como la única opción capaz de evitar que México se hundiera en una nueva crisis, ha arrastrado al país a la peor espiral de violencia que se recuerde desde los años posteriores al triunfo de la Revolución.
Su discurso y su abrumador aparato de propaganda, formado por todos los medios electrónicos de comunicación, no sólo se empeñan en reiterar que no hay de otra sino, sobre todo, en ocultar que existe y está en marcha un programa alternativo que se resume en unas cuantas líneas y que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la noche del 15 en el Zócalo, ante decenas de miles de seguidores que lo escucharon con entusiasmo bajo la incesante lluvia.
El país puede volver a crecer económicamente si el gobierno federal reduce en 200 mil millones de pesos sus gastos superfluos; si destina ese dinero y el producto de los excedentes del petróleo a las siguientes obras y metas: construir las tres refinerías que faltan para que dejemos de importar gasolina, subsidiar con becas a todos los estudiantes de preparatoria, elevar el presupuesto de las universidades para absorber a los 300 mil jóvenes que son rechazados cada año; apoyar con medio salario mínimo mensual a todos los ancianos; cancelar la llamada “alianza educativa” que pretende acabar con las escuelas normales, formadoras de maestros; aumentar el presupuesto al campo; construir infraestructura para detonar la creación de empleos; librar a Pemex de su enorme carga fiscal y modificar radicalmente la política de seguridad pública, devolviendo las tropas a sus cuarteles y abandonando el modelo policiaco de la ultraderecha.
Sin embargo, mientras las noticias de Morelia y las arengas calderónicas borraban de los periódicos toda mención al discurso del Zócalo, el coordinador de los diputados priístas en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, declaraba que “López Obrador es un mal mexicano, que divide en tiempos que reclaman unidad”, a la vez que un lector de noticias del canal 7 de la televisión de Saltillo (XHRGC), llamado Antonio Dávila, decía con todas sus letras que el tabasqueño “mandó” lanzar las granadas en Michoacán.
En un video, disponible en YouTube bajo el título “Acusa televisora saltillense a López Obrador”, el comentarista asegura textualmente lo que sigue: “¿Quién se atribuye este atentado? Un grupo político. ¿Quién? Eso lo vemos en otras partes del mundo, pero no en México. Y lo hacen, repito, grupos políticos separatistas, anarquistas. El único grupo separatista político que veo ya no es el PRD sino únicamente Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos ahí precisamente en el Zócalo de México compitiendo con El Buki, compitiendo con Lucero, con las que se presentaron ahí; allá, abandonado, ni la dirigencia del PRD, ni Marcelo Ebrard, parece ser que se están desmarcando. Cuando se requiere de unidad, Andrés Manuel López Obrador habla de no, de separarse precisamente. Entonces pudiéramos decir que, como es el único grupo separatista que existe, él es el que mandó el atentado”.
El autor de tales reflexiones, no por nada, está estrechamente relacionado con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y con nativos de aquella entidad que ocupan posiciones relevantes en la industria petrolera: Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (Ramos Arizpe, 1954); el contratista Antonio Juan Marcos Issa (Torreón, 1940) y Rosendo Villarreal Dávila (Saltillo, en 1942). Los dos primeros fueron denunciados por López Obrador como copartícipes en el fraude del buquetanque El señor de los mares. El tercero, miembro del PAN, ex alcalde de Saltillo, no tenía dinero cuando a principios de 2007 Calderón lo nombró director corporativo de administración de Pemex. Hoy comparte con sus hijos Rosendo, David y Gabriela Villarreal Berlanga la empresa Servicios Sierra de Arteaga, que posee al menos 67 camiones de carga, tipo tráiler.